En el primer volumen de esta obra, el autor señala la Constitución como reconocimiento y límite de los derechos y libertades de los individuos y de los grupos, así como de las demás fuentes del Derecho. En el segundo volumen, el planteamiento se hace extensivo a los órganos de poder y demás instituciones estatales.
Ni la Monarquía, ni las Cortes Generales, ni la autonomía de nacionalidades y regiones, por mucha historia que las respalde, son jurídicamente anteriores ni exteriores a la Constitución.
Los datos históricos, los factores sociales y económicos, hasta la prudencia política y el miedo a la libertad, han tenido, tienen y seguirán teniendo decisiva importancia en el desen- volvimiento del régimen constitucional español. Pero nada de eso tiene valor jurídico si no es a través de la norma suprema que los españoles nos dimos en diciembre de 1978.
Únicamente la soberanía popular le es jurídicamente superior. Y así lo reconoce la propia Constitución.